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A raíz de la inconstitucionalidad de la Ley de Inteligencia, Senador Virgüez deja el siguiente Pronunciamiento

PRONUNCIAMIENTO

Como Senador integrante de la Comisión Segunda Constitucional del Senado de la República, pero ante todo como miembro en reserva activa de nuestras Fuerzas Militares, y entendiendo la importancia que representa para el Estado Colombiano la Fuerza Pública y para la sociedad en general, contar con una Ley que regule las actividades de inteligencia y Contrainteligencia en los diferentes organismos de seguridad del Estado Colombiano, como lo preceptuaba la Ley 1288 de 2009 que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional el día de ayer 16 de noviembre de 2010 y cuyo objeto legislativo era:

“Fortalecer el marco legal que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir adecuadamente con su misión constitucional y legal, estableciendo los límites y fines de sus actividades, los principios que las rigen, los mecanismos de control y supervisión, la regulación de sus bases de datos, la protección de sus miembros, la coordinación y cooperación entre sus organismos y los deberes de colaboración de las entidades públicas y privadas entre otras disposiciones”

Por lo anterior me permito dejar Constancia y sugerir a la Comisión Segunda que los vicios de forma a que hizo referencia la honorable Corte Constitucional por su trámite legislativo como Ley Ordinaria y no como Ley Estatutaria, se adecuen mediante radicación del proyecto a la mayor brevedad por parte del Gobierno Nacional y se le brinde por su importancia, el debido mensaje de urgencia para iniciar su tramite como Ley especial.

Era la única norma que, en 30 años, reguló la actividad de las agencias de seguridad del Estado. Esa ley fue aprobada por el Congreso el año pasado. Los magistrados revelaron que la norma fue tumbada por vicios en su trámite en el Congreso de la República. La Corte consideró que se debió tramitar como una Ley Estatutaria (aprobada con mayoría calificada y no simple en sus cuatro debates del Congreso).

Según la Corte, la norma toca derechos fundamentales como la intimidad y el habeas data que no pueden ser afectados sino a través de una ley especial, y en este caso no se dio. La norma era la única expedida en Colombia para evitar actividades ilegales como las ‘chuzadas’, pues establecía procedimientos y responsabilidades claras sobre el trabajo de las agencias de seguridad del Estado.

La Ley castigaba con penas de hasta 12 años seguimientos por razones políticas como los que se dieron en el DAS contra magistrados, políticos, periodistas y ONG en medio del escándalo de las ‘chuzadas’.
Ordenaba, por ejemplo, la depuración de todos los archivos secretos relacionados con temas políticos, religiosos y sexuales.
Es necesario fortalecer el alcance de este proyecto legislativo adecuándolo a los parámetros legislativos de forma ordenados por la Corte Constitucional.

MANUEL VIRGÜEZ
Senador

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